Acción urgente en defensa de los derechos de trabajadoras sexuales trans de Chihuahua

Por • 13 Mar 2014 • Por mis derechos

Los derechos de las trabajadoras sexuales fueron violentados por autoridades del estado, al grado de poner en riesgo su vida y su salud. También tememos por la seguridad de nuestro promotor de derechos humanos en la entidad.

ts

 

 

México DF, marzo 13 de 2014 (Leonardo Bastida Aguilar/NotieSe).-

La noche del jueves seis de marzo, alrededor de las nueve de la noche, cinco trabajadoras sexuales transgénero fueron detenidas por la Policía Municipal de Chihuahua  en la esquina que forman las calles 12a y Libertad en la zona centro de la capital chihuahuense.

El suceso ocurrió después de que fueran abordadas por inspectores de sanidad de la Unidad de Regulación Sanitaria del Municipio de Chihuahua, quienes les solicitaron sus licencias sanitarias para poder ejercer el trabajo sexual en la zona de tolerancia donde se encontraban.

Ante la carencia de dicha licencia, los inspectores llamaron a personal de Seguridad Pública del municipio para ser remitidas a la Comandancia Sur. El Reglamento de faltas al bando de policía y buen gobierno del municipio de Chihuahua establece en su artículo 8 la prohibición para invitar, permitir o ejercer la prostitución o el comercio carnal. Las excepciones se dan en las zonas de tolerancia donde se permite ejercer el trabajo sexual a cambio del pago semanal de 25 pesos por la licencia que emite la Secretaría de Gobernación municipal tras una inspección sanitaria.

De acuerdo con las afectadas, al llegar a la Comandancia Sur, los custodios les piden “encuerarse” y hacer unas sentadillas frente a varios hombres. Una vez terminada la inspección les indican que permanecerán en el lugar por 36 horas. Ante esto, Mireya, una de las detenidas, les cuestionó  que las hayan detenido “ya que legalmente no es una obligación portar una licencia sanitaria”.

A una de las chicas, como era la primera vez que la detenían, le pidieron que pusiera sus huellas digitales. Luego le preguntaron si tenían tatuajes y ella les dice que sí. Entonces le piden que se los muestre. Se sube el vestido para mostrarles que sólo tiene uno en la pompi, sin embargo, la persona que tomaba las huellas le dice que tiene que quitarse toda la ropa para mostrárselo. Él junto otros cinco oficiales ven como se encuera y le empiezan a gritar “joto” en medio de carcajadas.

Allí permanecieron sin comunicación  hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente, momento en que llega el encargado de regulación sanitaria. Él les dice que si se realizan una prueba rápida de VIH las dejan salir de inmediato sin pagar la multa de 200 pesos que le correspondía.

Cuatro de ellas accedieron. Llevaban 12 horas sin poder tomar agua ni comer. Juana no accedió bajo el argumento de que nadie podía forzarla a realizarse una prueba de VIH sobre todo sin las condiciones sanitarias mínimas necesarias, pues se las realizarían allí mismo sin una plática previa de consejería y sin la firma de un documento en el que dijera que se hacía la prueba bajo su consentimiento.

La respuesta que obtuvo Juana fue que la prueba se la tenía que hacer por su bien y para proteger sus garantías individuales, ya que, si no se la hacía iba a tener problemas con la fiscalía del estado por que a lo mejor tenía VIH y la podían encarcelar por atentar contra la vida y la salud de otras personas.

En tanto, el personal de inspección sanitaria se acercó a las otras cuatro detenidas y a cada una de ellas les pidió que les permitiera un dedo para pincharlo y recabar la muestra. A las cuatro las pinchó con la misma lanceta y permitió que tres oficiales vieran el procedimiento.

Unos 20 minutos después les dicen que para irse tienen que pagar la multa de 200 pesos.  El resultado de la prueba fue dado frente a un juez y cinco oficiales que se encontraban en la barandilla por el médico de la comandancia, quien no les había tomado la muestra originalmente.

A todas las llamaron por su nombre de hombre y les dieron el resultado en voz alta. Les permitieron salir cuando su amiga Pati pagó los 200 pesos. Sin embargo, a Juana no le permitieron su salida por orden estricta de la jueza en turno Mirna Márquez. Al ver esto, las compañeras de Juana inmediatamente acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH) local para que alguien les ayudara a gestionar su salida.

Un visitador les auxilia y se comunica a la Comandacia Sur para hablar con la jueza y comentarle que estaba violentado por que la Constitución Política establece que  todas las personas tienen derecho a salir si la falta en la que incurren amerita una multa y se paga.

Ante la situación, la jueza le dijo a Juana “que por que tus compañeras se mueven creen que a mí me va enseñar lo que debo hacer, te quedas las 36 hrs” debido a que el cargo por el que estaba allí era “no cooperar para realizarse la prueba de VIH”.

Al interior de la Comandancia comenzaron las intimidaciones ya que a Juana le dijeron que la gente con sida y homosexual debe estar en la cárcel y no deben dejarla salir. Le permitieron salir alrededor de las nueve de la mañana del sábado pasado, 24 horas después que sus compañeras y amigas.

La norma

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 010 “Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana” en su apartado 6.3.6 referente a la detección del VIH, “ninguna autoridad puede exigir pruebas de detección de VIH/SIDA a un individuo, o los resultados de las mismas, sin que presente una orden judicial y se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad, es decir, que quien se somete a análisis debe hacerlo con conocimiento suficiente, en forma voluntaria, con firma de autorización o, en su caso, huella dactilar y seguro de que se respetará su derecho a la privacía y a la confidencialidad del expediente”.

Sobre la entrega de resultados, la Norma indica que ésta debe ser en forma individual, por personal capacitado o, en su defecto, se debe enviar en sobre cerrado al médico tratante que solicitó el estudio. No deben informarse resultados positivos o negativos en listados de manejo público ni comunicar el resultado a otras personas sin la autorización expresa del paciente, excepto cuando se trate de menores de edad o de pacientes con incapacidad mental o legal, en cuyo caso se debe informar a los padres o quienes desempeñen la patria potestad o el cargo de tutor.

Además, en torno a la notificación de casos de VIH, la Norma establece que debe hacerse de manera confidencial (…) por lo que no debe comunicarse a otras personas o autoridades, excepto las directamente responsables de la vigilancia epidemiológica; sin menoscabo de la orden judicial, la cual deberá acatarse en todo momento.

De acuerdo con el informe de actividades 2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en el mes de abril del año reportado, se realizó la conferencia: “Empoderamiento de la persona y la dignidad humana” dirigida a trabajadoras sexuales, personal médico y administrativo de la Unidad de Regulación Sanitaria del Municipio de Chihuahua para dialogar sobre el respeto a la dignidad humana y la forma en combatir los abusos de las autoridades. En el texto, el informe recalca “que las trabajadoras sexuales son personas que se encuentran en situación vulnerable”.

Juana teme por su integridad, pues al haber concluido su arresto fue asediada por dos vigilantes del lugar, quienes le advirtieron “que le iban a echar carilla” por haberse negado a realizarse la prueba de VIH. Esta posición fue reafirmada por el Subdirector de Gobernación municipal, Mauricio Escobar Valverde, quien en conferencia de prensa dada el pasado sábado 7 de marzo para informar sobre el operativo en la zona de tolerancia de trabajo sexual, afirmó que “estará al pendiente de este chico que se negó a realizar su examen sanitario”.

Sus cuatro compañeras comparten el sentimiento ya que a pesar de haber ido a sacar su licencia al día siguiente para poder trabajar, temen que las busquen y hostiguen. Para Mireya, es injusto este cobro semanal por la licencia, pues aseguró que no les dan condones ni servicios médicos cuando acuden a los servicios sanitarios.

Ante los hechos, las afectadas interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, y el Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt” de la organización civil Letra S, al tener conocimiento de los hechos, interpuso un escrito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vigile que la CEDH emita una medida cautelar para detener los operativos con fines sanitarios en el municipio de Chihuahua, “ya que esta medida vulnera los derechos fundamentales a la libertad, a la integridad físisca, seguridad personal, confidencialidad y salud de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, así como la normatividad federal vigente sobre prevención y control del VIH/sida”.

Por todo esto, te pedimos que firmes esta acción urgente para que se garantice la vida, la libertad, la dignidad, la no discriminación y la integridad personal de las compañeras trans que fueron arrestadas. Así como la integridad personal y seguridad del Promotor del Consultorio Virtual de Letra S en Chihuahua.

Un comentario to “Acción urgente en defensa de los derechos de trabajadoras sexuales trans de Chihuahua”

  1. MARIA DE LA LUZ SEVILLA G dice:

    EXISTEN VARIOS TIPOS DE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS :
    COMO LA VIOLACION A LA NORMA 010 Y AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD , EN NO CONSIDERAR EL CONSENTIMIENTO LIBRE Y VULUNTARIO DE UNA PERSONA. EL NO RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD DE UN RESULTADO Y LA AUTONOMIA PARA RECHAZAR O ACEPTAR HACERSE LA PRUEBA SON EJEMPLOS VARIOS DE QUE HAY QUE CONTINUAR CAPACITANDO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PERO PRINCIPALMENTE A MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA.
    Y HACER DE CONOCIMIENTO DE CUALQUIER PERSONA QUE EL DESCONOCER LOS LINEAMIENTOS JURIDICOS NO LES EXIME DE RESPONSABILIDAD.

Nos interesa tu opinión