HOJA INFORMATIVA 12. La necesidad de legislación en publicidad oficial

Por • 18 Nov 2011 • Por mis derechos

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nos comparte esta última hoja informativa acerca de cómo y en qué gasta el Gobierno Mexicano nuestros recursos. En este caso, se señala la necesidad de legislar sobre publicidad oficial.

La necesidad de legislación en publicidad oficial

Justine Dupuy, justine@fundar.org.mx

Omar Rábago, omar@article19.org

En México no existen reglas claras para la asignación y distribución de la pauta publicitaria que contrata el Estado para difundir sus mensajes. Los lineamientos expedidos por la Secretaría de Gobernación (que sólo aplican al Poder Ejecutivo federal), al igual que el Presupuesto de Egresos de la Federación no establecen procedimientos de distribución de la publicidad equitativitos, abiertos, transparentes y públicos. La falta de reglas claras da lugar a una excesiva discrecionalidad y arbitrariedad en su distribución.

La discrecionalidad para asignar los espacios de comunicación gubernamental se considera como una censura indirecta:“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”[1]

Según la Constitución mexicana, los recursos públicos deben ser administrados “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Para que este mandato constitucional pueda verse reflejado en prácticas administrativas más equitativas, en el caso de la publicidad oficial se requiere una legislación específica que establezca procedimientos de asignación con criterios claros y transparentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a recibir información e instaure un  régimen de sanciones por incumplimientos o abusos.

Esta necesidad  de regular la publicidad oficial ha sido también percibida por los legisladores. En el actual periodo legislativo se presentaron cuatro iniciativas de ley para regular la comunicación del gobierno:

1 de diciembre 2009 Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) Ley en materia de Publicidad del Estado
18 de febrero 2011 Dip. César Augusto Santiago (PRI) Ley Federal de Propaganda Institucional
29 de marzo 2011 Sen. Pablo Gómez Álvarez (PRD) Ley General de Propaganda Gubernamental
26 de abril 2011 Dip. Javier Corral Jurado (PAN) Ley Federal de Comunicación Gubernamental

Las cuatro iniciativas señalan la necesidad de tener mecanismos de  transparencia en el otorgamiento de recursos  que garanticen el fácil acceso a la información. Las iniciativas del Senador Gómez y el Diputado Corral contemplan además criterios y procesos de distribución claros y transparentes y obligaciones de planeación de los recursos. Resaltan la importancia de mecanismos de contratación de recursos que garanticen la no discrecionalidad y la importancia de contar con un mecanismo de control externo que le de seguimiento. Y la necesidad de contar con sanciones para aquellas autoridades y funcionarios públicos que no cumplan con los requisitos de la legislación. Por su parte, la iniciativa del Diputado Jaime Cárdenas incluye una medida audaz y polémica: impedir que se contrate tiempos comerciales en radio y televisión. Toda la publicidad en estos medios se transmitiría en tiempos del Estado y fiscales, mismo que también suscribe la iniciativa del Senador Pablo Gómez y además propone poner cómo límite el no exceder del 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En marzo de 2011, por primera vez, la Relatoría por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó Principios para regular la publicidad oficial en su informe anual. Es importante que a la hora de dictaminar y aprobar las iniciativas de leyes en la materia, los legisladores se apoyen en estos principios.[2]

1. Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas. Los Estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta en cada uno de sus niveles de gobierno. Dichas normas deberían definir claramente qué se entiende por pauta oficial y establecer sanciones adecuadas para su incumplimiento.

2. Objetivos legítimos de la publicidad oficial. Deben basarse en la inclusión de información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios.

3. Criterios de distribución de la pauta estatal. Los Estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La publicidad oficial nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Esto es considerado como censura indirecta.

4. Planificación adecuada. La falta de planificación favorece el uso abusivo de la publicidad oficial y aumenta la discrecionalidad en manos de funcionarios que tienen el poder de distribuirla.

5. Mecanismos de contratación. Los Estados deben asignar los recursos publicitarios a través de procedimientos, abiertos, transparentes y no discriminatorio.

6. Transparencia y acceso a la información. Los Estados deben publicar periódicamente toda la información relevante sobre pauta oficial y garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general, el fácil acceso a la información. El informe detalla una amplia gama de datos que los gobiernos deben poner a disponibilidad del público.

7. Control externo de la asignación publicitaria. Se deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial. Los gobiernos deben rendir cuentas a la ciudadanía, los mecanismos de control externo deben de ser: claros y públicos, que informen sobre la legalidad y la idoneidad de la pauta estatal, además de incluir auditorías periódicas. Además se deben establecer sanciones en la norma que regule la publicidad oficial.

8. Pluralismo y publicidad oficial. Los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial.


[1] Declaración de Principios de Libertad de Expresión. (Adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 20 octubre del 2000)

[2] CIDH, Informe Anual, Volumen II, Documento 5, 7 de marzo de 2011. Disponible en línea (consultado en octubre de 2011): http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf

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